En México ya no estamos hablando sólo de violencia. Estamos hablando de un país donde la muerte se volvió rutina, donde la tragedia se repite con tal frecuencia que amenaza con dejarnos sin capacidad de indignación.
Los hechos de las últimas semanas nos obligan a detenernos, mirar de frente y reconocer que vivimos un punto de inflexión.
La violencia ya no es un sobresalto: es un sistema instalado en la vida cotidiana. Y la muerte reciente de los mineros en Concordia, Sinaloa —asesinados y encontrados en una fosa clandestina— lo confirma con brutal claridad.
Lo ocurrido en esa mina no es un hecho aislado. Es el reflejo de un país donde el Estado ha cedido terreno, donde la ley se aplica a medias y donde la vida humana vale menos que los intereses económicos —legales o criminales— que dominan regiones enteras.
Hace apenas unas semanas, el Índice Global de Delincuencia Organizada, organismo independiente que colabora con la ONU, colocó a México como el tercer país más afectado por el crimen organizado en el mundo, con una puntuación de 7.68 sobre 10, sólo detrás de Myanmar y Colombia. Diez de quince mercados criminales obtienen una calificación de 9.0 o más: trata y tráfico de personas, extorsión, armas, drogas sintéticas, mafias, redes criminales y actores estatales infiltrados.
El promedio en mercados criminales es de 8.27 y el de actores criminales de 7.10, la concentración más alta del continente.
En un país donde el crimen regula territorios, decide qué se siembra, qué se extrae y quién trabaja bajo sus reglas, la minería opera muchas veces en zonas donde el Estado no manda. Y cuando el Estado no manda, la seguridad laboral se vuelve un lujo, la supervisión una ficción y la vida de los trabajadores una moneda de cambio.
El año pasado, la violencia tuvo un costo económico de 4.5 billones de pesos, equivalente al 18% del PIB nacional. Pero el costo humano no aparece en ningún índice. Se mide en familias rotas, en viudas, en hijos que esperan a un padre que ya no volverá.
Mientras tanto, el crimen organizado opera como un gobierno paralelo: cobra impuestos, regula mercados, administra “justicia” y controla prisiones.
Esto significa que, en amplias regiones, la economía criminal compite —y a veces supera— a los gobiernos locales.
Cárteles como el de Sinaloa y el CJNG ya no operan sólo como narcotraficantes: funcionan como conglomerados empresariales que controlan territorios, imponen cuotas, regulan mercados y deciden quién vive y quién muere.
En este contexto aparece el libro Ni venganza ni olvido, de Julio Scherer Ibarra, que describe tensiones internas, presiones políticas y presunta infiltración criminal en estructuras del poder público. Su testimonio coincide con lo que organismos internacionales han señalado: la corrupción ha permitido durante años que el crimen organizado se infiltre en la política mexicana.
Los mineros de Culiacán merecen algo más que un pésame. Merecen justicia. Merecen un Estado que funcione. Merecen un país donde trabajar no sea una sentencia de muerte.
Y nosotros, como sociedad, merecemos dejar de vivir con miedo… pero para eso, primero tenemos que dejar de vivir con indiferencia.
