Cifras 4T / Millones de consultas? / Cruz chafea / Loya alegre
Dicho por Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar: en el primer año de gobierno, los Servidores de la Nación han realizado poco más de 10.5 millones de consultas médicas casa por casa. Además, se atendieron 4 mil 683 emergencias médicas a domicilio tan solo en el último semestre. Hasta ahí, el discurso oficial.
El propio gobierno sostiene que existen 20 mil servidores de la salud en el país, aunque la secretaria nunca aclara si se trata de médicos generales, especialistas o simples auxiliares médicos. Hablar de 20 mil médicos resulta, por decir lo menos, inverosímil: no hay universidades suficientes para egresarlos en un solo año, ni siquiera sumando a los 520 médicos cubanos contratados durante el sexenio de López Obrador.
Si a eso se agregan las cifras oficiales de atención a más de 13.5 millones de beneficiarios de la pensión para adultos mayores, el resultado es todavía más extraño, pues el universo total estimado de personas mayores de 65 años en México ronda los 12 millones. Bajo esa lógica, todos los adultos mayores habrían recibido al menos una consulta médica, y otros 3.5 millones más de una.
Es decir, todos estarían enfermos. Pero, además, ninguno tendría la posibilidad de acudir directamente a un consultorio, a un médico particular o a un hospital.
Son cifras imposibles de comprobar, ni como falsas ni como verdaderas. Se lanzan al aire como parte de una estrategia propagandística, porque al final del día, ¿quién las va a contar? Permanecen suspendidas, pero chocan de frente con la lógica elemental, como aquellas narrativas que aseguran que 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza en un solo año; a ese ritmo, en cuatro años ya no habría pobres en el país, algo que no ocurre ni siquiera en la economía más grande del mundo.
EN OTRO capítulo de la telenovela política local, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, exhibió que los padres de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, laboran en la Recaudación de Rentas de Nuevo Casas Grandes y en una institución educativa.
El alcalde afirma que se trata de tráfico de influencias, pero no aporta una sola prueba de que dicho delito se haya cometido. Lo único comprobable es que ambos padres ya trabajaban en la nómina gubernamental desde antes de que Álvarez asumiera la dirigencia panista.
Ese es el verdadero punto a dilucidar: si hubo o no tráfico de influencias. Antes, Pérez Cuéllar habló de nepotismo, pero todo quedó en el dicho.
La respuesta será, previsiblemente, una denuncia por daño moral y violencia política de género, figuras legales que suelen prosperar para terminar en una desabrida disculpa pública. No lo olvide: es una telenovela.
INTERPRETAR números, aunque sean fríos y duros, no es cosa menor; para eso existen especialistas. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, informó con bombo y platillo una disminución del 17 por ciento en delitos de alto impacto, medida a lo largo de 55 meses.
Para no hacerlo sentir mal: la cifra es pírrica para tanto tiempo, pero al menos no aumentó. Aunque, según el discurso oficial, eso nunca ocurre.
Ya sabemos que cada mes o cada semana, según convenga, las cifras de inseguridad y violencia siempre van a la baja, aun cuando la realidad cotidiana diga exactamente lo contrario.
Tal vez la explicación sea sencilla: el secretario Loya no solo habla como funcionario, sino como alguien que ya se ve a sí mismo como sucesor de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
