LA GUERRA mediática y política entre el Partido Acción Nacional y Morena no sólo va a continuar, sino que se intensificará conforme avance el calendario rumbo a la elección de 2027. No se trata de una confrontación casual, sino de una disputa claramente preelectoral, con acusaciones mutuas como principal munición.
Ese es el fondo real del conflicto: el PAN busca restarle votos a Morena y, en particular, al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien aspira a la candidatura a la gubernatura. A la inversa, el munícipe intenta debilitar al PAN y al Gobierno del Estado, en una estrategia de desgaste anticipado.
En medio de esta confrontación, y pese a las negativas iniciales de la alcaldía juarense, finalmente se llegó a un acuerdo para el pago del adeudo del Predial por 9.5 millones de pesos que mantiene el PAN.
El convenio establece pagos mensuales hasta diciembre, fecha en la que deberá quedar liquidada la totalidad del adeudo.
Hay que subrayar que Pérez Cuéllar se negó a otorgar descuentos, como los que comúnmente se conceden a particulares, asociaciones civiles y empresas, específicamente en recargos y gastos de ejecución. La decisión tiene un mensaje político evidente.
En consecuencia, Acción Nacional deberá pagar el total del adeudo, en los términos del convenio. De no hacerlo, vendrán nuevos reclamos públicos, con un tono aún más político del que ya domina el escenario.
Desde luego, el PAN debe pagar, como ahora reza la propaganda del gobierno municipal, “como cualquier ciudadano”, o al menos como la mayoría. El problema no es el pago, sino la utilización política del caso.
Más allá del tema del Predial, el PAN continuará denunciando presuntos actos de nepotismo y corrupción en el gobierno municipal fronterizo, de acuerdo con los señalamientos reiterados por la dirigente estatal, Daniela Álvarez.
Desde la alcaldía de Juárez, en respuesta, seguirán los ataques contra el PAN y el Gobierno del Estado, como ya ocurrió con el caso de la Torre Centinela y otras obras estatales, que se han convertido en banderas de confrontación política.
AL MENOS en Chihuahua, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo amagaron con ir solos, sin alianzas. Sin embargo, esa postura no pasó de un deseo romántico.
La realidad los alcanzó rápido: a nivel nacional se firmó el acuerdo para que Verde, PT y Morena vayan juntos en las 17 entidades donde habrá elecciones en 2027. Y por supuesto, Chihuahua está incluido.
Esto confirma que, aunque el Verde Ecologista y el PT tengan “propietarios de marca” en los estados, dependen del centro y, en los hechos, de Morena el partido de moda en el poder.
En términos prácticos, el acuerdo implica que el Partido Verde deja de ser opción B para Cruz Pérez Cuéllar, como ya se había comentado en caso de no alcanzar la candidatura de Morena.
Además, el paquete de la alianza incluye sacar adelante la Reforma Electoral, que en los próximos días llegará a la Cámara de Diputados, no para discutirse, sino para aprobarse con la mayoría automática de Morena, PT y Verde.
NO EXISTEN cifras oficiales sobre la entrada de vehículos “chuecos” provenientes de Estados Unidos, regularizados mediante los decretos de importación del sexenio de López Obrador, programa que fue suspendido hace dos meses.
En Chihuahua, quienes hicieron negocio con estas importaciones hablan de alrededor de 50 mil vehículos, aunque no hay forma de verificarlo. El desorden fue total.
El Gobierno Federal y el Repuve están en la misma situación: no hay padrón, no hay control y nadie sabe con certeza cuántos vehículos ingresaron.
Todo se hizo al “ahí se va”, incluso regularizando autos con una simple fotografía, aunque el vehículo siguiera en Estados Unidos.
Peor aún, el Gobierno del Estado no tenía placas metálicas y aun así entregó decenas de miles de placas de cartón. Ahora se anuncia que viene una remesa de 45 mil placas metálicas.
La pregunta es obvia: ¿cómo es que no hay placas, pero sí las cobran? Si no estaban disponibles, lo lógico habría sido entregar permisos provisionales, no cobrar primero y entregar después.
Ese, al final, es el verdadero negocio: cobrar por adelantado y luego, si se puede, entregar el producto o el servicio. Así se gobernó y así se regularizó.
