LA GOBERNADORA del estado, María Eugenia Campos Galván, viajará en los próximos días a la Ciudad de México, según su propio dicho, para acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de abordar la posible atracción del caso del exgobernador Javier Corral Jurado, considerado prófugo de la justicia y con una orden de aprehensión que no ha sido cumplimentada debido al fuero constitucional del que goza como senador.
Llama poderosamente la atención que sea la propia mandataria estatal quien acuda personalmente a la FGR, cuando dicha gestión podría realizarla el fiscal general del estado, César Jáuregui, el fiscal anticorrupción, Abelardo Anchondo, o incluso la presidenta del Poder Judicial del estado, Marcela Herrera. Sin embargo, no: será la gobernadora quien se apersone ante la fiscal Ernestina Godoy, con quien -según se comenta- Javier Corral mantiene una relación cercana.
Esa supuesta cercanía es la que, para muchos, habría facilitado que un juez concediera atraer el caso a petición de la Fiscalía General, pese a que se ha dicho y escrito reiteradamente que se trata de un asunto estrictamente del orden estatal. La razón es simple: los recursos presuntamente desviados pertenecen al erario de los chihuahuenses, no al Gobierno Federal.
Dicho de otra manera, el presunto peculado por 98.6 millones de pesos no involucra recursos federales, por lo que la intervención de la FGR carecería de justificación jurídica. Todo apunta, entonces, a una decisión política, no jurídica.
Ya se ha visto: quien se convierte a Morena y resulta políticamente útil -como es el caso del senador Corral- no sólo se salva de pisar la cárcel, como ya ocurrió, sino que además es “purificado” y liberado de toda culpa. Eso podría consumarse si el caso es arrancado definitivamente al estado de Chihuahua.
La tarea que se ha autoimpuesto la gobernadora no será sencilla. Su relación con la fiscal Godoy es prácticamente inexistente y, además, ésta es uno de los brazos más cercanos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde los tiempos en que gobernaba la Ciudad de México.
Habrá que ver en qué termina otro capítulo oscuro del exgobernador panista de Chihuahua.
COMO QUE a nadie convenció la explicación de la presidenta Sheinbaum Pardo sobre el aterrizaje de un avión militar estadounidense en el aeropuerto de Toluca, sin que, de inicio, se informara oficialmente al Gobierno Federal.
Pasaron casi dos días para que, desde la mañanera, se explicara que el Súper Hércules C-130J de la Fuerza Aérea estadounidense únicamente trasladó a policías mexicanos —los de Harfuch— que concluyeron entrenamientos en Texas.
La versión oficial, obviamente, no fue desmentida por Estados Unidos, pero tampoco confirmada como un hecho rutinario. No se trata precisamente de un taxi aéreo contratado por el Gobierno Mexicano para mover policías.
Mover un Súper Hércules implicaría trasladar entre 500 y 800 elementos, de lo cual nunca se mostró evidencia alguna. Además, a los militares estadounidenses no se les da eso de fungir como taxistas, y menos en aeronaves estratégicas.
Otra historia más contada en las mañaneras, dirigida al pueblo… o mejor dicho, a los propios.
EL ALCALDE de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, lanzó una ofensiva mediática contra el PAN que resulta poco explicable en las formas, aunque muy clara en el fondo.
Una campaña en la que incluso plantea realizar una consulta pública para preguntar si el PAN debe o no pagar los 9.5 millones de pesos que adeuda por concepto de Impuesto Predial.
La respuesta es automática: el PAN debe pagar. Y si no lo hace, se debe proceder conforme a la ley, incluso con el embargo del inmueble y su eventual incorporación al patrimonio municipal. Aplicar la ley es lo correcto; lo demás es circo.
El Impuesto Predial, como otros gravámenes, no se consulta: se cobra. Si se sometiera a votación, México simplemente no recaudaría impuestos. No es tan complicado de entender.
El Municipio de Ciudad Juárez -como cualquier otro- cuenta con instrumentos legales suficientes para cobrar contribuciones. No hay necesidad de consultas, salvo que el alcalde, en un evidente afán populista, esté buscando simpatías del “amado pueblo” con miras al 2027.
