La Corte eliminó restricciones al ingreso de ganado al Estado de Chihuahua, decretado en 2024 por la Gobernadora panista Maru Campos
Agencia Reforma
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó hoy un sistema de restricciones al ingreso de ganado al estado de Chihuahua, decretado en noviembre de 2024 por la Gobernadora panista María Eugenia Campos.
Por unanimidad, la Corte resolvió que el acuerdo para reforzar la verificación e inspección de ganado invade atribuciones federales en materia de sanidad animal, y viola el artículo 117 de la Constitución, que impide a los Estados restringir el tránsito de mercancías por sus territorios.
El acuerdo fue impugnado por la entonces Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, pero la anterior integración de la Corte rechazó suspenderlo mientras se resolvía el litigio, por tratarse de una norma general.La Gobernadora estableció una serie de requisitos y condiciones para introducir y sacar ganado del Estado, entre ellos, una autorización de la Secretaría de Desarrollo Rural de la entidad, así como puntos estatales de verificación, y el aseguramiento o retorno al origen del ganado introducido sin cumplir las restricciones locales.
«Esta Corte estima que el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua invadió la esfera de competencias que la Constitución asigna de manera exclusiva a la Federación en materia de salubridad general, particularmente en lo relativo al control sanitario de productos y servicios. El acuerdo impugnado no está encaminado a vigilar el sistema federal, sino a sustituirlo por un régimen completo de control zoosanitario local», dice la sentencia, presentada por el Ministro Irving Espinoza.
«La normativa impugnada no se limitó a ejercer funciones de vigilancia, ni a coordinarse con la Federación, ni a organizar u operar servicios en materia de prevención y control de enfermedades transmisibles, único ámbito en el que el Estado tiene margen regulatorio. Por el contrario, las disposiciones impugnadas establecen un modelo integral de verificación, movilidad, autorización, aseguramiento y sanción aplicable al ganado», agrega el fallo.Las facultades federales en esta materia corresponden al Servicio Nacional de Sanidad, Calidad e Inocuidad Agropecuaria (Senasica).
El Presidente Hugo Aguilar mencionó que hay un convenio de colaboración entre Chihuahua y el Gobierno federal, que fue ignorado en al acuerdo de la Gobernadora.
La acción de Chihuahua derivó de la detección del gusano barrenador del ganado en el sur del País. El Estado la consideró necesaria para mantener el estatus sanitario que había recuperado en febrero de 2024, para poder exportar a Estados Unidos con aval del Departamento de Agricultura de ese país.
Campos ha viajado varias veces a Washington por este tema, y apenas en mayo pasado, anunció que reforzaría las medidas médicas y de control, ante el avance de la plaga del gusano, y la posible afectación a más de 29 mil productores de la entidad.
En diciembre pasado, el Senasica tuvo que expandir a nivel nacional la emergencia por el gusano barrenador, que previamente sÓlo se había declarado en algunos estados del sur.
