Los temas de corrupción, impunidad, violencia y desvío de recursos siguen siendo, en todo el país, los problemas más sentidos por la ciudadanía.No distinguen entre comerciantes, empresarios, productores o ganaderos: golpean por igual a quienes integran las cadenas productivas y, al final, a la gente común, que como último eslabón termina pagando más por los productos, los servicios y hasta por los derechos que, sin explicación convincente, siguen al alza.
Para el gobierno federal, los grandes deudores fiscales se han convertido en una fuente prioritaria de ingresos. Las empresas factureras —que durante años operaron con documentación avalada por Hacienda para evadir pagos millonarios— hoy son el blanco perfecto: se les detiene, se les procesa y, gracias a su inclusión en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, ni siquiera pueden enfrentar su proceso en libertad.
Lo que durante décadas funcionó como un contrapeso frente a los excesos del poder en materia fiscal —y que dio vida a toda una industria jurídico-legal— quedó desmantelado con la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, quien tenga un adeudo fiscal, o incluso quien Hacienda asegure que lo tiene, no podrá promover un amparo sino hasta la etapa de embargo. Y para evitar llegar a ese punto, la alternativa es simple: pagar, aunque no se esté de acuerdo, para no sufrir la intervención de bienes, negocios o cuentas bancarias.
En este contexto, llamó la atención la reacción firme —y poco común— de un grupo de empresarios locales que acudió al Congreso del Estado para frenar el incremento al impuesto sobre nómina, destinado supuestamente a financiar el Centro de Convenciones de Ciudad Juárez.
Ese episodio podría tener repercusiones en el proceso electoral de 2027, donde estará en juego la gubernatura, un escenario que se complica cada día más ante la falta de definiciones tanto en el PAN como en Morena sobre quiénes serán sus candidatos.
Mientras tanto, la violencia sigue siendo el talón de Aquiles de la gobernadora Maru Campos. Su apuesta total por Gilberto Loya Chávez y el proyecto Centinela ha resultado eficaz… pero solo para su propio proyecto personal. En la sierra tardan más en levantar los arcos que los delincuentes en derribarlos. Y los golpes relevantes contra el crimen en la capital han sido gracias al Escudo Chihuahua, que sí funciona, a diferencia de Centinela. Basta ver que ni siquiera en el tramo Aldama-Ojinaga se puede transitar sin temor a ser “levantado”, sin importar si se trata de un ciudadano común o incluso de la escolta de la propia alcaldesa.
Para el PAN nacional, Chihuahua es la joya de la corona: aquí se gestaron las luchas democráticas más importantes de los últimos 50 años. Si se pierde la gubernatura, no habrá manera de repartir culpas. El dedo señalará directamente a la gobernadora.
En materia de procuración y administración de justicia, Chihuahua tampoco vive su mejor momento. La ley establece con claridad que el Ministerio Público debe conducirse con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y absoluto respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en la Fiscalía Zona Centro, que encabeza el doctor en Derecho Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, esos principios parecen más un recordatorio teórico que una práctica cotidiana.
La distancia entre lo que debería ser y lo que realmente ocurre es tan amplia que ya no se mide en expedientes, sino en desconfianza ciudadana.
Y si volvemos al Tribunal Superior de Justicia, la situación no es más alentadora: la curva de aprendizaje institucional será, por lo menos, de una década. Por eso urge que cualquier cambio que se impulse se base en criterios de desarrollo, eficiencia y verdadera capacidad, no en cuotas, ocurrencias o compromisos políticos.
En medio de este panorama, vale la pena recordar que la fortaleza de Chihuahua no solo depende de sus instituciones, sino de su gente. Que este año mantengamos viva la unidad familiar, nuestros deseos y nuestras esperanzas. Sigamos construyendo, desde cada espacio, un Chihuahua mejor para todos.
Con la captura de Nicolás Maduro, en una operación quirúrgica, no puede uno más que sorprenderse de la capacidad bélica de los Estados Unidos.
Ojalá que los cursos de capacitación y los convenios de colaboración que hemos suscrito a nivel militar con el país vecino nos permitan ser testigos de acciones semejantes contra los líderes de las principales bandas delincuenciales, a las cuales —según ha señalado el propio Trump— les tiene miedo nuestra presidenta, aunque más que miedo, creo que los tiene como líderes del Senado y en otros cargos del gabinete.
