Durante la sesión de este 3 de diciembre, el diputado federal Tony Meléndez manifestó en tribuna su voto en contra del Dictamen de la nueva Ley General de Aguas, al señalar que la propuesta no cumple con el mandato constitucional de garantizar el derecho humano al agua, y por el contrario, destruye derechos adquiridos y vulnera la seguridad jurídica del sector productivo.
Meléndez explicó que la reforma desplaza el sentido original del artículo 4°, que reconoce el agua como un derecho humano fundamental, para sustituirlo por una visión de control absoluto desde el artículo 27, tratándola únicamente como un bien nacional sujeto a rectoría estatal. “Ese cambio significa que las personas dejan de estar al centro, y su lugar lo ocupa la discrecionalidad del gobierno”, afirmó.
El diputado advirtió que el Dictamen limita la transmisión de concesiones en ventas, arrendamientos y herencias, obligando a solicitar autorización administrativa para cada movimiento, lo cual —dijo— implica una afectación patrimonial grave y una confiscación de facto de derechos que legítimamente pertenecen a productores y familias.
Señaló además que la reforma incrementa sanciones administrativas y penales sin criterios técnicos y sin proporcionalidad, criminalizando actividades comunes del sector agrícola y ganadero, y concentrando facultades en una nueva “Autoridad del Agua” que elimina funciones de los organismos de cuenca, debilitando la gobernanza local.
Al referirse a la realidad del país, y particularmente de Chihuahua, Meléndez recordó que el INEGI reportó en 2023 que la actividad agropecuaria consumió más del 32% del agua utilizada en la economía, con un costo superior a 102 mil millones de pesos por agotamiento y degradación hídrica. Indicó que, en regiones productivas como Delicias, Meoqui, Camargo, Ojinaga y Jiménez, los agricultores viven ciclos extremos de sequía donde cada litro de agua define la continuidad de la cosecha.
Afirmó que, con la reforma, actividades esenciales como mover agua en pipas o abastecer zonas urbanas en periodos de desabasto podrían ser castigadas con multas de hasta 4 millones de pesos, afectando a productores y también a miles de familias en zonas metropolitanas que dependen del suministro por pipas.
Meléndez subrayó que, mientras la reforma fue construida “desde un escritorio”, el PRI sí escuchó a la gente. Recordó que a través de foros nacionales se consultó a más de 8 mil personas, y que en Chihuahua se recabaron testimonios directos de agricultores, ganaderos y especialistas que documentaron riesgos y propusieron soluciones que hoy no fueron consideradas en el Dictamen.
Durante su participación, el legislador chihuahuense reiteró las propuestas del PRI para una ley verdaderamente justa y técnica: proteger la transmisión hereditaria, venta y arrendamiento de concesiones sin discrecionalidad; garantizar el mínimo vital de 60 litros diarios para uso personal y doméstico; evitar penalizaciones desproporcionadas; fortalecer las capacidades técnicas de CONAGUA y organismos locales; y promover apoyos reales para la tecnificación del riego y la recarga de acuíferos.
Tony Meléndez concluyó que el grupo parlamentario del PRI vota en contra de estas disposiciones regresivas, al sostener que la reforma sustituye el derecho por la discrecionalidad, la técnica por la amenaza sancionadora y la justicia por decisiones tomadas a puerta cerrada.
“El derecho humano al agua exige una ley que garantice acceso, certidumbre y seguridad jurídica. Esta reforma no lo cumple. El PRI defenderá una ley que proteja el mínimo vital, que resguarde el patrimonio de quienes producen alimentos y que construya gobernanza técnica, no autoritarismo administrativo”, puntualizó.
