Donald Trump busca que el Departamento de Justicia le pague 230 millones de dólares como compensación por las investigaciones federales en su contra, incluida la pesquisa sobre interferencia rusa en 2016 y el caso de documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago.
Trump presentó dos quejas formales entre 2023 y 2024 a través de un proceso administrativo conocido como “Formulario 95”, utilizado antes de presentar demandas contra el gobierno. En ellas acusa al Departamento de Justicia de violar sus derechos y de emprender una persecución maliciosa con fines políticos, según fuentes cercanas al proceso. La segunda queja menciona directamente a figuras como Merrick Garland, exfiscal general; Christopher Wray, exdirector del FBI; y Jack Smith, fiscal especial.
El problema central es que funcionarios clave que hoy deben revisar o autorizar cualquier posible pago – como el vicesecretario del Departamento de Justicia, Todd Blanche, y el jefe de la división civil, Stanley Woodward Jr., fueron abogados defensores de Trump o de aliados suyos en casos penales recientes. Expertos legales ven en esto un claro conflicto de interés. “Es un escándalo. Básico, obvio, inaceptable”, opinó Bennett Gershman, profesor de ética legal.
En una declaración pública, Trump pareció admitir el dilema. “Tengo una demanda que iba muy bien, pero al ser presidente, es como si me demandara a mí mismo. ¿Cómo se resuelve eso?”, dijo en la Casa Blanca, acompañado por funcionarios del Departamento de Justicia, varios de los cuales trabajaron previamente como sus abogados personales.
Aunque aún no hay resolución oficial, si el gobierno federal llegará a pagar a Trump, no estaría obligado a hacerlo público, ya que las normas del Departamento de Justicia no requieren anunciar acuerdos por reclamaciones administrativas. Algunos exfuncionarios consideran que el caso debió ser desestimado antes de que Trump asumiera el poder, pero ahora su resolución quedará en manos de sus propios subordinados.
