Esta semana leí acerca de la iniciativa que promueve Stop Ecocidio Internacional, que es una asociación que busca desarrollar un trabajo global, para que el escocido sea incorporado como delito en la Corte Penal Internacional, lo cual me parece altamente positivo dadas las condiciones que estamos enfrentando y las múltiples alertas de que hemos llegado como humanidad a otro punto de inflexión climática.
Y es que el ecocidio es equiparable al genocidio porque desplaza a poblaciones enteras, provoca crímenes contra los defensores del medio ambiente y se asocia a otros fenómenos globales como el cambio climático.
Quien claramente se refirió al respecto es el reconocido Gerardo Torres Salcido, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, al referir que es un problema creciente en la región.
De hecho, al participar en el Seminario Internacional El delito de ecocidio en América Latina, manifestó que los daños ambientales cometidos por la acción del hombre es un problema creciente en la región.
A decir de la investigadora del CIALC, Eva Leticia Orduña Trujillo, la afectación climática y al medio ambiente se vincula con la de otros derechos: el primero de ellos, la vida.
AL es la región del mundo donde se registran más agresiones a defensoras y defensores de derechos ambientales: asesinatos y desapariciones forzadas se cuentan entre las situaciones más graves, alertó la experta.
También se da la estigmatización, al tachar a estas personas como opositoras al desarrollo o “terroristas”, desacreditando su lucha; se les criminaliza con el brazo más potente del Estado: el encarcelamiento.
En Centroamérica, ejemplificó, los intereses económicos se contraponen a los de las comunidades, a la diversidad y tradiciones ancestrales. Se trata de la actuación de las empresas, del capitalismo en toda su expresión, pero “ello no sería posible sin la intervención de los agentes estatales”.
A su vez, la integrante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de esta casa de estudios, Natalia Denise Alonso, advirtió que las condiciones estructurales de AL en el sistema-mundo deben ser consideradas y entendidas a la hora de hacer política ambiental, de articular demandas socioambientales y de legislar sobre ecocidio.
Reconoció que la movilización social por la justicia ambiental en la región se ha ido apropiando del término “ecocidio” y construyendo la percepción de su riesgo, aunque no esté sucediendo y sin aplicar o no la definición técnica.
Todas las posturas externaron la necesidad de trabajar en la definición de ecocidio situada en América Latina, desde y para las necesidades de nuestra región, que también puede ser relevante para otras del sur global. “Aunque cada una tiene sus historias, podemos tener problemáticas parecidas”, coincidieron los ponentes.
