El Gobierno de Trump planea solicitar rápidamente a la Corte Suprema que revise la constitucionalidad del decreto del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
Abogados del Departamento de Justicia informaron a un juez federal en Seattle sobre estos planes el miércoles, como parte de una actualización ordenada por la corte en el caso que impugna el decreto emitido el primer día del Gobierno de Trump. A fines del mes pasado, el 9º Circuito de Apelaciones de EE.UU. confirmó el fallo del juez que bloqueó la implementación del decreto a nivel nacional.
“A la luz de la decisión del Noveno Circuito, los demandados representan que el procurador general planea solicitar certiorari de manera expedita para que la Corte Suprema resuelva la legalidad del decreto de ciudadanía el próximo período, aunque aún no ha determinado qué caso o combinación de casos llevará ante la Corte”, dijeron los abogados al juez federal John Coughenour.
La apelación obligaría a la Corte Suprema a abordar el tema que evitó en su fallo principal de este verano: si el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento está permitido bajo la 14ª Enmienda.
Si la Corte acepta debatir esa cuestión, se convertiría de inmediato en uno de los casos más relevantes de la década y podría haber un fallo para mediados de 2026.
Funcionarios del Gobierno han reconocido que la Corte Suprema eventualmente tendría que pronunciarse sobre el decreto de Trump, y la secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo en junio que está “muy confiada” en que la Corte finalmente fallará a favor de la política.
Desafíos pendientes en todo el país
Aunque varios tribunales inferiores han bloqueado el decreTo de Trump, el fallo del 9º Circuito del 23 de julio representó la primera vez que un tribunal de apelaciones concluyó plenamente que la política es inconstitucional. Ese tipo de fallo suele ser el último paso antes de que la parte perdedora decida si pide a la Corte Suprema que revise el asunto.
El 1º Circuito de Apelaciones de EE.UU. parece estar listo para emitir una decisión similar en las próximas semanas, tras escuchar argumentos el viernes pasado en una serie de casos en los que tribunales inferiores en Nueva Hampshire y Massachusetts dijeron que la orden de Trump violaba la Constitución, precedentes de la Corte Suprema de décadas y la ley federal.
La presentación ante Coughenour sugiere que el procurador general D. John Sauer podría estar esperando a que ese tribunal falle antes de decidir qué hacer con el caso de Seattle.
Por separado, un juez federal en New Hampshire bloqueó el mes pasado el decreto de Trump mediante una demanda colectiva presentada después de que la Corte Suprema limitara el uso de medidas cautelares a nivel nacional en junio. Estas demandas son una de las formas en que los jueces sugirieron que los demandantes podrían intentar frenar la aplicación de la política para quienes se verían afectados.
El Departamento de Justicia no ha apelado ese fallo, aunque uno de sus abogados dijo al 1º Circuito la semana pasada que confiaba en que el Gobierno lo apelará.
Es posible que algunas de estas apelaciones lleguen primero al expediente de emergencia de la Corte Suprema, con el Gobierno pidiendo a los jueces que suspendan los fallos mientras se resuelven los casos.
