La reforma a los poderes judiciales federal y locales ya ocurrió. Lo que había anticipado la semana pasada, bajo el sombrío título de consumatum est, es terrible y dolorosa realidad.
Hay un ruido de fondo que nos confunde a todos. “Cuba” y “Venezuela”, por ejemplo, son palabras recurrentes en el debate político nacional, como un horizonte brumoso que se vislumbra por algunos —vistas las similitudes (el autoritarismo, la megalomanía, la estulticia, etc.) del presidente de la República— y sólo sirven para que los integrantes o simpatizantes del régimen se burlen de quienes las emplean o las han empleado.
“Democracia”, “legitimidad”, “pueblo”, son igualmente vocablos infaltables en las elocuciones, públicas o privadas, de esos mismos militantes o simpatizantes para persuadir a su auditorio o interlocutor de la pertinencia, licitud o validez de la reforma.
El eje de la reforma, su razón de ser, es otra voz, “corrupción”. Ésa es la piedra angular de la propuesta.
Literalmente, nos estamos ahogando en un océano de términos que van y vienen, como las olas del mar, y sólo sirven para marearnos.
La acción fulminante del régimen, su descaro, el desprecio a la ley (en Oaxaca se aprobó por la legislatura local en 15 minutos), son muestras claras de que no existe voluntad política de MORENA y sus aliados para entablar un diálogo constructivo que verdaderamente sirva para crear o fortalecer instituciones.
En los hechos, el presidente de la República, la presidente electa, sus allegados, han actuado de idéntica manera. El primero tuvo el descaro de afirmar, en una de sus “Mañaneras”, que en política “hay que buscar un equilibrio entre la eficacia y los principios”.[1] Así de cínico, descarado y sinvergüenza.
¿Entonces? Por el lado de la política no hay futuro.
¿Qué nos queda a los simples ciudadanos? La lucha. La oposición formal, frontal y férrea, a la reforma judicial.
En primer lugar, acudir a las instancias internacionales, particularmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la denuncia de la flagrante violación al T-MEC en aspectos vinculados con la administración de justicia laboral.
En segundo lugar, organizar una defensa en el ámbito nacional, a través de la promoción de juicios de amparo y controversias constitucionales. Es preciso hacer todo lo que sea necesario para impedir que se consume la destrucción del sistema de justicia en México.
En tercero, resulta indispensable movilizar a los abogados de bien, y con entendederas, dentro y fuera de la judicatura, para defender el pueblo de México. Eso porque, los rastreros, los abogados viles, ruines, felones e indignos, se están organizando para ver en calidad de qué figuran en las listas de candidatos y hacen de la judicatura el exclusivo botín de MORENA.
La resistencia debe empezar aquí y ahora. De lo contrario, que Dios nos agarre confesados porque si bien Venezuela se ve lejos y Cuba tal vez imposible, el México que nos aguarda será uno muy parecido, si no es que peor, a aquel México que describió Mario Vargas Llosa en esa frase precisa, maciza y concisa: “México es la dictadura perfecta”.
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[1] Artículo de Elías Camhaji titulado: “López Obrador justifica el respaldo de Yunes a la reforma judicial: ‘Es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios’”, publicado el 11 de septiembre, por el periódico español El País.
