*Prisión preventiva oficiosa: controversia del sistema jurídico mexicano.
*Francisco González y los Expedientes X: ¿instrumentos de extorsión y tortura?.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo órgano jurisdiccional del sistema judicial mexicano, retiró la prisión preventiva oficiosa a los delitos de tipo fiscal, el contrabando, y facturación simulada, con lo que incrementó la controversia existente en torno al polémico tema. Durante mucho tiempo ha sido cuestionada la prisión preventiva oficiosa en virtud de que ésta constituye una especie de prejuzgamiento o sentencia anticipada, que atenta contra los derechos humanos fundamentales y la presunción de inocencia que tiene a su favor todo inculpado, y que están reguladas en la Constitución de México así como en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Es decir, dicha figura jurídica ha sido criticada porque es prácticamente inconstitucional y contraviene a las convenciones internacionales.
Durante la actual administración gubernamental federal este tema ha sido particularmente escabroso para el Poder Judicial, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado renuente a la desaparición de la controversial medida, lo que ha obligado al ministro presidente de la SCJN y a otros miembros de ese alto tribunal a ceñirse en cierto modo a las pretensiones del mandatario, ya que el intervencionismo y las presiones del presidente López Obrador hacia el aparato judicial han sido constantes desde el inicio de su gestión presidencial. Aún es temprano para saber si la prisión preventiva oficiosa continuará vigente en México por mucho tiempo. Lo cierto es que el relevo presidencial que ocurrirá en las elecciones del año 2024 podría constituir un golpe de timón que permita al Poder Judicial no solo recuperar el grado de autonomía e independencia que tenía antes del gobierno del presidente López Obrador, sino también eliminar la cuestionada prisión preventiva oficiosa, considerada por algunos como un grave error del sistema jurídico mexicano.
La reciente detención bajo cargos de tortura, efectuada contra Francisco González Arredondo, ex coordinador de la llamada Operación Justicia para Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral Jurado, constituye una muestra más de las reiteradas quejas y señalamientos que dicho operativo recibió durante y después de la administración del gobernador Corral. González Arredondo fue, junto con el ex-Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, uno de los principales operadores de los coloquialmente llamados Expedientes X, es decir, de los procesos de investigación que al amparo de la Operación Justicia para Chihuahua y por órdenes del entonces gobernador Corral fueron implementados contra el ex-gobernador César Duarte Jáquez y varios ex-funcionarios que colaboraron con éste durante su desempeño al frente del gobierno de Chihuahua.
Desde el comienzo de la Operación Justicia para Chihuahua diversos medios de comunicación, analistas políticos y ciudadanos descalificaron al citado operativo por considerarlo como una estratagema de Javier Corral, que más allá de la impartición de justicia tenía como verdadero objetivo la ejecución de una venganza personal con claro sesgo político-electoral contra su antecesor César Duarte y varios ex-funcionarios públicos o ex-colaboradores.
En su momento, algunos de los implicados y detenidos con motivo de los Expedientes X instrumentados y operados bajo las órdenes inmediatas de González Arredondo, denunciaron públicamente las violaciones a sus derechos, así como las vejaciones, violencia y tortura de los que fueron objeto por parte de la Fiscalía General del Estado antes de sus detenciones, durante éstas y en el desarrollo de los procesos judiciales que les fueron instaurados. El exlíder del SNTE, Alejandro Villarreal, el ex-auditor Jesús Esparza y el ex-secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, entre otros, son algunos de los ex –funcionarios que señalaron públicamente tales abusos. Hoy, la detención de González Arredondo, a quien se le imputan actos de tortura, parece confirmar todas las suspicacias y señalamientos que desde su origen generó la tristemente célebre Operación Justicia para Chihuahua.