De acuerdo con Huesca Reynoso, en este segundo trimestre no hay tal riesgo; sin embargo, para el cierre de año puede romperse la cadena de suministro
Ciudad de México.- Recientemente, a través de un comunicado, organismos internacionales manifestaron su preocupación por el hecho de que el mundo sufra inseguridad alimentaria por los estragos económicos derivados de la pandemia del COVID-19. Luis Huesca Reynoso, economista del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), comparte su opinión al respecto.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) informaron en conjunto que las “incertidumbres generadas sobre la disponibilidad de alimentos pueden desencadenar una oleada de restricciones a la exportación, que a la vez causarían una penuria en el mercado mundial”.
De acuerdo con Huesca Reynoso, en este segundo trimestre no hay tal riesgo; sin embargo, para el cierre de año puede romperse la cadena de suministro alimentaria por cuestiones logísticas, ocasionadas principalmente por la falta de movilidad de mano de obra del sector agrícola, así como por la formación de “cuellos de botella” que puedan surgir en aduanas, puertos, almacenes y áreas de transporte por cuestiones sanitarias, con el consecuente efecto en la escasez y posible alza de precios.
“El COVID-19 está desmantelando un problema que México ha arrastrado de años atrás”, apuntó el académico del CIAD, ya que “el país ha perdido soberanía alimentaria, es decir, la capacidad que tiene una nación de producir lo que consume y garantizar que haya una adecuada oferta de alimentos para su población.”
Agregó que el actual gobierno federal ha tratado de enfrentar este desafío que se agravó en todo el período del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Su estrategia principal es a través del programa “Sembrando vida”, que pretende promover sistemas productivos agroforestales, cultivos de milpas, árboles frutícolas y maderables, para generar empleos e incentivar la autosuficiencia alimentaria que permitan recuperar la producción de granos básicos y la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país.
El reto no es pequeño, comentó, ya que actualmente México tiene que importar alimentos básicos como granos, maíz, centeno, trigo y arroz para consumo interno al no producirse lo suficiente, además de que se ha presentado una creciente necesidad de importar huevo, el cual presentó en el primer trimestre del año un repunte en su precio por el orden del 26% por kilo y de hasta el 48%, si se suma a lo que va de abril.
Al respecto, explicó que México tiene una balanza comercial que registra saldos negativos desde hace más de una década, la cual al cierre del año 2019 arroja un déficit de 41% en los cereales de la canasta básica, que representan más de diez mil millones de dólares en productos que tienen que ser importados, ya que la producción nacional no da abasto.
Por el lado positivo, dijo, México exporta más de lo que importa. Sin embargo, el sector agrícola se concentra en muy pocos productos con superávit comercial, como las hortalizas, tomate, pimiento y aguacate.
La reciente preocupación de organismos como la FAO, OMS y OMC, puede deberse a señales de alarma que comienzan a manifestarse en el panorama mundial, como la enviada por Rusia, principal productor de trigo en el mundo, quien informó que, en el contexto del COVID-19, antes de pensar en exportar, garantizará el consumo interno de este cereal para su población. En consecuencia, el precio de este grano subió a partir de este anuncio.
México importa trigo de Estados Unidos, pero no sería improbable que está nación establezca los mismos candados para sus relaciones comerciales, lo cual pondría en dificultades a nuestro país.
Por último, el investigador del CIAD indicó que aún es muy pronto para especular sobre si habrá restricciones en las relaciones internacionales comerciales de productos alimentarios, todo dependerá de la recuperación económica global, la cual se anticipa que se extienda hasta el 2021.
Asimismo, señaló que, en un país como México, donde de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 16.8% de su población sufre inseguridad alimentaria y hasta un 25.5% presenta problemas de acceso a los alimentos, el gobierno federal debe vigilar que no se dé un aumento injustificado de precios en la canasta básica y hacer, en su justa medida, compras al mayoreo para el aseguramiento de alimentos que posteriormente pueda vender a precios razonables o entregarlos a poblaciones vulnerables.
Fuente: www.elimparcial.com
